España es uno de los países donde las rentas altas pagan más IRPF y cotizaciones sociales

Un estudio del IEE sitúa la cuña fiscal máxima de España, que suma el IRPF más las cotizaciones sociales, en el 59,5% del salario nominal. Es el cuarto peor dato del ranking

idealista/news 3 Abril 2024, 16:11

El Instituto de Estudios Económicos (IEE) denuncia la pérdida de competitividad fiscal de España y la elevada presión impositiva que sufren empresas y ciudadanos. 

Según el estudio que ha publicado, y que lleva por título 'Competitividad fiscal 2023. El endurecimiento de la fiscalidad empresarial en España ralentiza el crecimiento económico', la presión fiscal se situó en 2023 en el entorno del 39%, un dato que "consolida el fuerte incremento de la presión fiscal que se viene produciendo en los últimos años" y que se debe, como afirma el 'think tank' de la CEOE, "a la introducción de nuevos tributos o a la reforma de los existentes, que afectan a la tributación empresarial y al ahorro e inversión".

El documento también señala que la bautizada 'presión fiscal normativa', la carga de gravamen que el diseño del sistema fiscal introduce en las economías, ya es un 17% más elevada que la media de la UE; y que España se sitúa en la posición 31 del ranking de competitividad fiscal que realiza la Tax Foundation con 38 países. En 2019, justo antes del estallido de la pandemia, España ocupaba el puesto 23, lo que refleja "el efecto de las subidas de impuestos a empresas y empresarios, tendencia que el Gobierno parece decidido a mantener en la presente legislatura, con continuadas subidas de impuestos y el mantenimiento de las nuevas figuras tributarias que fueron, en principio, diseñadas con carácter temporal".

Uno de los datos que destaca el IEE en el informe es la elevada cuña fiscal que existe en España, entendiendo como tal la suma del IRPF y las cotizaciones sociales que soportan los asalariados con rentas más elevadas. En el caso de los individuos sujetos al tipo máximo, la cuña fiscal ronda el 60%, lo que se convierte en el cuarto peor dato del ranking, tras Portugal, Reino Unido y Finlandia.

En este sentido, el organismo detaca que el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) "se sitúa un 6,1% por encima de la media de la UE y un 2,2% por encima de la media de la OCDE. Además, España se sitúa entre los países donde el IRPF es más progresivo, en concreto, en décimo lugar de un total de veintiocho analizados. Así mismo, el efecto conjunto con las cotizaciones a la Seguridad Social, que son particularmente altas en España, eleva la cuña fiscal (suma de cotizaciones sociales e IRPF) hasta el 59,5% del salario nominal para los trabajadores sujetos al tipo máximo de IRPF. En relación con la cuña fiscal, España se sitúa claramente por encima de la media de la OCDE, que es del 47% para estos mismos casos".

Sobrecarga fiscal a las empresas

Durante la presentación del estudio, el presidente del Instituto de Estudios Económicos, Íñigo Fernández de Mesa; y su director general, Gregorio Izquierdo; han criticado la elevada presión fiscal de las empresas en España, superior a la de la Unión Europea. En concreto, sumando lo que pagan en cotizaciones a la Seguridad Social y en el Impuesto sobre Sociedades, las aportaciones de las empresas al total de la recaudación suponen el 32,4%, frente a la medida del 25,8% de la UE, siendo las cotizaciones sociales las que aglutinan la mayor parte (25,2%, frente al 17,7% de media en la UE).

Según el informe, una de las dos figuras tributarias con una mayor presión fiscal normativa en España es el Impuesto sobre Sociedades, que se encuentra entre los seis más gravosos de la OCDE, con una presión fiscal normativa un 28,9% superior a la media de la UE y un 20,9% por encima del promedio de la OCDE. Y la segunda es la imposición patrimonial, "la segunda peor de toda la OCDE", sólo por detrás de Italia. En este caso, el IEE expone que la posición de España es un 39,6% peor que la de la UE y un 37,3% menos competitiva que el promedio de la OCDE.

Subir impuestos, una de las peores formas de reducir el déficit 

El IEE denuncia que España cuenta con un sistema fiscal "más ineficiente y distorsionante", que penaliza el ahorro y la inversión, y en el que se suben los tributos al ahorro y a las empresas por "la pretendida diferencia de presión fiscal con la media de la UE", que no es tal, o argumentando que hay que reducir el déficit público.

En este sentido, el organismo advierte de que "una de las peores decisiones" que podría tomar el Gobierno, en un momento como el actual, es la de subir impuestos en general, y al sector empresarial en particular, ya que "deprimiría la oferta productiva y el consumo" y se deteriorarían las expectativas de los agentes, "provocando una degradación de la confianza, el pilar fundamental sobre el que apoyar el crecimiento económico y la creación de empleo".

El IEE avisa, además, de que corregir los desequilibrios mediante la subida de impuestos adicionales, empeorará la competitividad fiscal "aún más"; y cree que la clave para mantener el equilibrio presupuestario pasa por acometer la gran reforma estructural pendiente: la de optimizar la eficiencia del gasto público y no realizar subidas impositivas adicionales que comprometen el crecimiento.

"Una tributación empresarial superior a la de los países de nuestro entorno provocaría una deslocalización de inversiones, fuga de contribuyentes y desventajas competitivas a nuestros residentes, fundamentalmente a aquellos que operan en mercados internacionales, pero también a los locales, que deberían afrontar la competencia de operadores no residentes con una menor carga tributaria", sostiene el 'think tank' de la patronal, que concluye que cualquier incremento de la recaudación fiscal debería basarse en el aumento de las bases imponibles y en la lucha contra el fraude fiscal, y no en elevar la presión fiscal.

Se disparan los avisos de Hacienda a los contribuyentes para que declaren los alquileres en la Renta

Casi 900.000 ciudadanos van a recibir en las próximas semanas un aviso para que declaren de forma voluntaria los ingresos que han percibido por el alquiler de inmuebles en la declaración de la renta de 2023. Según ha explicado la Agencia Tributaria en la presentación de la Campaña, que se extenderá hasta el próximo 1 de julio, va a enviar 866.000 notificaciones por ingresos relacionados con los arrendamientos para "recordar" a los contribuyentes la necesidad de declararlos y evitar eventu

La etapa de Sánchez concentra la mayor subida de la carga fiscal en los últimos 30 años, según el IJM

Un estudio del Instituto Juan de Mariana afirma que el peso de los impuestos sobre el Producto Interior Bruto (PIB) en España ha subido del 32% al 38% desde 1995, si bien el 60% de este incremento que ha registrado la carga fiscal en España en los últimos 30 años ha tenido lugar bajo el Gobierno de Pedro Sánchez. El 'think tank' afirma que en sus primeros años de mandato hemos sido el país de la Unión Europea que más ha aumentado la presión fiscal y que se han llevado a cabo hasta 69 m

El TEAC recoge el criterio del Supremo y exime del IVA a los trabajadores con coche de empresa

  

El TEAC recoge el criterio del Supremo y exime del IVA a los trabajadores con coche de empresa

Señala que no es una contraprestación a título oneroso

El Economista. Eva Díaz Madrid, 01/04/2024 - 6:00

El Tribunal Económico-Administrativo Central (TEAC) recoge el nuevo criterio del Tribunal Supremo y exime a los trabajadores que tengan coche de empresa de pagar IVA. El Alto Tribunal, en un fallo del pasado 29 de enero, fijó que los empleados a los que la empresa les cede un coche de forma gratuita tanto para uso laboral como personal no tienen que pagar IVA por ese vehículo, aunque la compañía se haya deducido en el impuesto el coste por el arrendamiento del mismo.

Ahora, el TEAC, en una resolución del 20 de febrero, estima el recurso de una empresa y anula la liquidación practicada por la Agencia Tributaria porque no acreditó que la empresa obtenga una contraprestación evaluable económicamente por la cesión de vehículos a determinados empleados.

El Supremo, en su fallo, aplicó el criterio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de enero de 2021 que dice que los vehículos cedidos por la empresa a los trabajadores no son prestaciones de servicios realizadas a título oneroso, no teniendo que repercutir el IVA a los empleados por ello. La prestación de un servicio será considerada onerosa si hay una contraprestación dineraria a cambio.

Ahora, el TEAC, en consonancia con el TJUE aclara que una entrega de bienes de la empresa al empleado no puede considerarse como una operación a título oneroso por el mero hecho de que, a los efectos del IRPF, la operación se considere retribución en especie.

En particular, la entrega de bienes solo puede calificarse como operación a título oneroso si el trabajador efectúe un pago, emplea parte de su sueldo en ello, debe elegir entre distintas ventajas ofrecidas por la firma de modo que la elección conlleva la renuncia a una parte de su retribución; o una parte del trabajo prestado sea una contraprestación por el bien recibido.

Hacienda ofrece un bonus de 125 millones a su plantilla a cambio de recaudar más IRPF e IVA

La imagen lo dice todo e indefensión del contribuyente (siempre culpable sin presunción de inocencia).

La Agencia Tributaria (AEAT) ofrece a sus funcionarios un bonus de más de 125 millones de euros a cambio de recaudar más IRPF e IVA. Así lo ha puesto encima de la mesa este miércoles, en que ha empezado a negociar con los sindicatos de sus funcionarios el primer bonus de la legislatura, según ha podido saber Vozpópuli. En un escenario de prórroga presupuestaria no rebaja la cuantía del año pasado, que puede elevarse por el incremento de la plantilla.

Se trata del undécimo Plan Especial de Intensificación de Actuaciones (Peia) que se negocia. De adhesión voluntaria y abierto a todos los funcionarios de la AEAT, lo lanzó Cristóbal Montoro en 2014 tras la caída que se experimentó en los ingresos de la lucha contra el fraude en 2013. Los objetivos perseguidos han venido adaptándose a las prioridades que en cada momento se han ido marcando por la planificación estratégica de la Agencia Tributaria.

Del texto con los detalles del futuro acuerdo que ha entregado este miércoles la AEAT a los sindicatos, al que ha accedido este periódico, se desprende una cuantía de cerca de 100 millones garantizados y de 25 millones más si se alcanzan con plenitud todos los objetivos, aunque esta última cantidad está sujeta al volumen del crédito total que asigne el Ministerio de Hacienda para complementar las exigencias de productividad.

Se plantea que los requisitos que se deben cumplir, en línea con los de 2022 y 2023, sean la intensificación de los proyectos de información y asistencia al contribuyente, de prevención y de control a posteriori del fraude tributario y aduanero y de las actuaciones para fomentar el cumplimiento voluntario en IVA e IRPF.

Se mantiene la exigencia de que la recaudación neta del IVA crezca por encima de la tasa de evolución del consumo final privado nominal previsto para este año y la recaudación neta del IRPF, por encima de la tasa de evolución de la remuneración de asalariados.

En concreto, se debe superar unos ingresos de lucha contra el fraude de 14.248 millones, a falta de conocer los datos de 2023, por debajo de lo que se logró en 2022 y 2021. Es una cuantía superior a la que se exigía el año pasado, pero en línea con los aumentos en los requisitos del Peia que viene habiendo cada ejercicio.

El Peia suele contar con la adhesión de UGT, CCOO, CSIF, CIG y Siat, pero no lo suscribe el sindicato de Técnicos Gestha, que venía considerando que no existe proporcionalidad en los pagos y que el grupo A2 está infrarrepresentado respecto a los inspectores. Aunque no tuviera un apoyo mayoritario, se prevé que el plan salga adelante ya que cuenta con el aval de la ministra de Hacienda.

En paralelo, este miércoles, CSIF y CCOO han anunciado que presentan un conflicto colectivo en el que reclaman mejoras laborales y salariales y amenazan con movilizaciones en plena Campaña de la Renta.

Incentivo polémico

Los complementos de productividad en la AEAT son un asunto polémico por su vinculación a una mayor recaudación. Los reciben altos cargos e inspectores desde los Gobiernos de Felipe González, y son quienes dirigen las campañas y estrategias del Fisco, con incentivos para recaudar más. Desde 2014, además, existe el Peia, para toda la AEAT que determina precisamente la recaudación que se logre.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) advierte de que dicha retribución variable no se ve afectada si, posteriormente, las actuaciones de la AEAT tomadas como base para su cálculo son anuladas o minoradas, ya sea en vía administrativa o judicial. Y subraya que se trata de una práctica muy poco común en las Administraciones Tributarias de otros países del entorno.

El Juzgado Central contencioso-administrativo número 4 de Madrid, en sentencia del 22 de julio de 2022, estimó el recurso contencioso-administrativo interpuesto por Aedaf y reconoció su derecho a que la AEAT le facilite la información sobre las normas reguladoras del concepto retributivo denominado "complemento de productividad", así como los criterios para la aplicación de dichas normas. La Asociación presentó un recurso contra la desestimación por silencio administrativo de la solicitud presentada en marzo de 2021 ante la AEAT.

A esto se añade una Resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que trasladó que la AEAT no había respondido a sus requerimientos de información en un expediente en el que se le instaba a publicar los criterios del bonus de sus funcionarios, para lo que tenía para responder 10 días hábiles.

En concreto, la Resolución establecía que deberá detallar el bonus y los complementos de productividad abonados en 2020 a sus empleados públicos, y en especial, sus directivos, altos cargos y personal de libre designación, y cualquier tipo de documento o contenido (resolución, circular, mail, plan, etc.) a través de los cuales se determine cómo se reparten estas partidas, o se faciliten instrucciones para realizar el mismo.

Pues bien, Aedaf ha denunciado que la Agencia incumple la obligación legal de detallar el bonus de sus funcionarios. Sí que publicó el 22 de septiembre de 2022 en su web unos informes que daban cuenta de los incentivos de productividad de los inspectores, pero no lo ha hecho en el caso de los de los funcionarios adscritos a labores de Gestión, Recaudación e Impuestos Aduaneros y Especiales. Los de gestión y recaudación son departamentos sensibles en lo que puede suponer un bonus que se otorga si se recauda más.

Economistas, empresarios y académicos piden por carta a Sánchez un cambio de política económica

Avisan de una nueva crisis si no se toman medidas y reclaman sanear las cuentas y privatizar empresas públicas

Redacción. Visto en Idealista. 13 Marzo 2024, 12:49

Algo más de un centenar de economistas, empresarios, periodistas y económicos han suscrito una carta en la que piden al Gobierno de Pedro Sánchez que cambie su política económica para evitar que España entre en una nueva crisis económica.

La carta está firmada por 102 personas, entre las que se encuentran los economistas Daniel Lacalle; Lorenzo Bernaldo de Quirós, Rubén Manso, Benito Arruñada y Carlos Rodríguez Braun; la exministra del PP Elvira Rodríguez; el empresario y exdiputado por Ciudadanos, Marcos de Quinto, y los periodistas Carmen Tomás y Miguel Ángel Belloso.

Los firmantes denuncian que los españoles soportan actualmente "la mayor presión tributaria de la historia, fruto de las decenas de subidas y creaciones de impuestos" decididas por el Gobierno de Pedro Sánchez y la inflación.

Pese a ello, avisan de que 2024 será el décimo séptimo año consecutivo en el que la totalidad de los intereses de la deuda pública se pagará con nueva deuda. "Ambos elementos muestran el desinterés del Gobierno por sanear las cuentas públicas", denuncian.

A juicio de este grupo de economistas, empresarios, periodistas y académicas, el hecho de que la deuda pública en proporción del PIB esté en un lento descenso y la prima de riesgo esté contenida en torno a los 100 puntos básico "son falsos consuelos".

"La deuda pública cae como porcentaje del PIB en gran medida por la inflación (que engorda el PIB) y la prima de riesgo es ahora como un termómetro que no puede subir más allá de 37 grados, debido a que el Banco Central Europeo mantiene intervenido el mercado de deuda", señalan los firmantes, que añaden que la acción del BCE y la suspensión hasta el pasado mes de diciembre de las reglas fiscales europeas "vienen disfrazando los desequilibrios" de la economía española y "agrandan los riesgos futuros".

Así, lejos "de ir como una moto", expresión que utilizó el presidente Sánchez en una comparecencia, los firmantes entienden que la economía española "va a menos", pues 2024 será el año de menor crecimiento económico desde 2014, excluyendo el ejercicio 2020, el de la pandemia, y aun contando con los "dopajes" de los fondos europeos y un gasto público "que continúa inflando la demanda".

Denuncian además que la productividad, medida en PIB por ocupado, se ha reducido cerca de un 4% entre 2018 y 2023, "el peor resultado entre los países avanzados", y que la tasa de paro española sigue siendo la más alta de Europa.

Critican la "agenda intervencionista y liberticida" del Ejecutivo

Los firmantes aseguran que, "lejos de comprender la fragilidad del momento económico, el Gobierno parece embarcado en una agenda intervencionista y liberticida que no puede tener un final feliz" y en la que la seguridad jurídica se ve "debilitada".

"Se acaba de elevar el salario mínimo de forma arbitraria y ajena a la ley. Además, el Gobierno amenaza con reducir la jornada laboral de manera compulsiva, topar los salarios de los directivos, encarecer el despido y sentar a representantes de los empleados en los consejos de administración. Todas medidas que atacan el derecho de propiedad, la libertad de contratación y la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado que establece el artículo 38 de la Constitución", advierten.

"La política económica del Gobierno ahondará los problemas de competitividad y tarde o temprano eso se traducirá en un debilitamiento del empleo y los salarios y, con ello, de las cuentas públicas. Estamos a tiempo de evitar lo que ocurrió entre 2007 y 2013: que por desoír las advertencias de economistas y organismos internacionales, se condenó a la ciudadanía a una crisis profunda, durante la que se perdieron 3,7 millones de empleos", sostiene la carta.

Privatizar empresas estatales para amortizar deuda pública 

En este contexto, los firmantes de esta misiva consideran que lo que necesita la economía es un "urgente saneamiento del gasto público" que permita equilibrar las cuentas públicas y detener el crecimiento de la deuda pública.

En su opinión, la privatización de empresas estatales permitiría reunir recursos para amortizar deuda pública y, al mismo tiempo, estimular la inversión privada en amplios sectores de la economía. "Con cuentas públicas saneadas y la deuda pública bajo control, se podría aligerar la carga impositiva para reducir costes de producción y recuperar parte de la competitividad perdida", argumentan.

Y también abogan además por suprimir o atenuar "los escalones regulatorios que desalientan el crecimiento de las pymes" para alentar la inversión productiva.

Asesores fiscales piden un plan para devolver lo pagado de más por los tributos inconstitucionales

Redacción. Visto en Idealista

15 Marzo 2024, 13:34

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) ha pedido un plan nacional de devolución a los contribuyentes que han pagado de más por el Impuesto de Sociedades, después de que el Tribunal Constitucional declarara parcialmente nula la reforma de dicho tributo.

Desde la asociación han insistido en que hay que cambiar el sistema normativo porque "no puede ser que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional un tributo y no haya posibilidad de recuperar lo pagado".

Además, han indicado que las cuestiones de fondo como la retroactividad o el principio de capacidad económica no se han resuelto. "¿Es posible que estemos 16 años dándole vueltas a esto?", se han preguntado.

Así lo han trasladado el presidente de Aedaf, Bernardo Bande, y el director de Estudios e Investigación y Relaciones Institucionales, Juan Manuel Herrero de Egaña, durante la celebración de la XVII edición de su Jornada Nacional de Estudio.

Durante el encuentro, también se ha hablado sobre el nuevo sistema de autoliquidaciones rectificativas, donde la Comisión Directiva ha defendido que les gustaría "que ese sistema tan ágil que la AEAT ha desarrollado coexistiera con un sistema más garantista para los supuestos en los que al contribuyente no le interesa ir más rápido".

En cuanto a las recientes actuaciones de la Agencia Tributaria en relación con los beneficios fiscales aplicables al I+D+i, Arráez ha indicado que "no parece razonable" cuestionar, al amparo de pronunciamientos judiciales referidos a supuestos muy particulares, todas las deducciones por I+D+i de todos los contribuyentes.

Por otro lado, la Asociación también se ha referido a la "fluidez" de la comunicación que mantiene con la Agencia Tributaria y ha detallado que se están creando canales de comunicación bidireccionales para situar a la ciudadanía "en el centro, tal y como reza el lema de la propia AEAT".

El FMI pide ajustes a España y alerta de que es hora de "abrocharse ya el cinturón"

Manda el mismo mensaje a Francia e Italia. Bruselas ha alertado de que España tendrá una situación fiscal muy difícil en 2024 por los elevados niveles de déficit y deuda

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ha instado a los Gobiernos de España, Francia e Italia, donde han aumentado de forma significativa los niveles de deuda y déficit, a "abrocharse ya el cinturón" e implementar ajustes presupuestarios, incluyendo el final de las medidas introducidas para aliviar el alza del coste de la vida.

"Tienen que abrocharse el cinturón ya y proceder a hacer ajustes presupuestarios", insta la economista búlgara en una entrevista con el diario 'El Mundo', donde recomienda al conjunto de las economías avanzadas de Europa "ajustes fiscales más significativos".

En el caso de los tres países citados, Georgieva recuerda que han visto aumentar significativamente sus ratios de deuda en relación al PIB, después de que su "adecuadamente fuerte" respuesta fiscal a la pandemia del covid-19, condujera a un aumento de los niveles de deuda y también de los déficit.

No obstante, la directora del FMI precisa que existen diferencias entre las tres economías y expresa, en el caso de España, su confianza en que pueda lograrse bajar el ajuste proyectado del 0,3% en el déficit, aunque "siempre que España no renueve las medidas de alivio", que se espera que expiren a finales de este año.

A nivel europeo, Georgieva señala que, a diferencia de EEUU, que ha recuperado su tendencia anterior a la pandemia, la zona euro todavía sigue estando un 2% por debajo de su tendencia precovid, "y el crecimiento es muy modesto".

En este sentido, teniendo en cuenta el mayor impacto en la UE de la guerra en Ucrania a través del canal energético y ante el reto demográfico para unos mercados laborales muy justos de personal, la economista búlgara subraya que "Europa necesita determinación para llevar a cabo reformas estructurales que reactiven el crecimiento".

"Creo que ha llegado el momento de que los gobernantes hagan lo correcto: más coraje, más fuerza en el liderazgo, porque vienen tiempos duros y hay que hacer lo que es necesario, aunque no sea popular", defiende.

Bruselas alerta de un 2024 difícil 

El aviso del FMI llega pocos días después de que Bruselas haya afirmado que España se enfrenta a una una situación fiscal "muy difícil" en 2024 por los desequilibrios macroeconómicos.

La Comisión Europea ha dado su visto bueno al proyecto presupuestario que presentó el Gobierno de Pedro Sánchez en octubre, cuando estaba en funciones, pero le ha instado a presentar un plan actualizado "lo antes posible". El primer Consejo de Ministros de la nueva legislatura ya ha aprobado la Orden Ministerial de Hacienda y Función Pública para iniciar la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2024, que espera que vean la luz "lo antes posible". El objetivo es aprobar las nuevas cuentas públicas durante el primer trimestre del año que viene.

Según Bruselas, la situación fiscal en España para el próximo año será "muy difícil", ya que las previsiones económicas apuntan a un déficit por encima del límite del 3% del PIB tanto en 2024 como en 2025 junto con una deuda pública "bastante elevada", que se prevé que siga superando el umbral del 100% del PIB.

Y, al igual que el FMI, ve necesario reestablecer con el tiempo los colchones fiscales y mejorar así la sostenibilidad de la deuda pública en algunos Estados miembros, junto con el control de la inflación y el apoyo a la política monetaria.

Índice de Libertad económica en Europa 2023

 España pierde libertad económica: así está en los países de Europa

TEXTO DE HERITAGE

La puntuación de España en libertad económica es de 65,0, lo que sitúa a su economía en el puesto 51 del Índice elaborado por Heritage Organization de 2023. Su puntuación es 3,2 puntos inferior a la del año pasado. España ocupa el puesto 29 de los 44 países de la región europea, y su puntuación global está por encima de las medias mundial y regional.

Según este organismo, el progreso de España hacia una mayor libertad económica ha sido limitado y desigual. La eficiencia reguladora y el Estado de Derecho se han mantenido relativamente bien, pero los avances a largo plazo han sido modestos. Los retos en materia de libertad fiscal, gasto público y libertad financiera son significativos. Los déficits fiscales y la elevada deuda pública reflejan la necesidad de reformar la gestión financiera.

Según este índice, los países económicamente más libres son también los que tienen el PIB per cápita más alto. La mayoría de los países económicamente libres, o en su mayoría económicamente libres, se encuentran en Europa. Suiza (83,8) e Irlanda (82,0) encabezan la clasificación en Europa. Sólo Singapur (83,9) obtiene una puntuación más alta a nivel mundial. Junto con Taiwán (80,7), estos cuatro países son los únicos verdaderamente económicamente libres del mundo.

Estonia (78,6) ocupa el tercer lugar en Europa. Otros países europeos con buena puntuación son Luxemburgo (78,4), Países Bajos (78,0), Dinamarca (77,6), Suecia (77,5), Finlandia (77,1) y Noruega (76,9).

Los países menos libres económicamente de Europa son Bielorrusia (51,0) y Rusia (53,8). Ambos obtienen puntuaciones muy inferiores a las de cualquier otro país europeo.

La Heritage Foundation mide la libertad económica basándose en 12 factores cuantitativos y cualitativos, agrupados en cuatro grandes categorías, o pilares, de la libertad económica:

• Estado de Derecho (derechos de propiedad, integridad del gobierno, eficacia judicial)
• Tamaño del Gobierno (gasto público, presión fiscal, salud fiscal)
• Eficiencia reguladora (libertad empresarial, libertad laboral, libertad monetaria)
• Mercados abiertos (libertad comercial, libertad de inversión, libertad financiera)

Cada una de las 12 libertades económicas dentro de estas categorías se califica en una escala de 0 a 100. La puntuación global de un país se obtiene promediando estas doce libertades económicas, dándoles la misma importancia a cada una de ellas.

la reforma de las pensiones. ¿Qué novedades incluye?

 

Tax asesoría de empresas Actualidad Laboral Publicada en el BOE la reforma de las pensiones

Lunes, 20 de Marzo de 2023 | Laboral

L

a reforma de las pensiones tiene como objetivo el refuerzo de la capacidad financiera para garantizar la sostenibilidad del sistema en los próximos treinta años, incorporando importantes cambios.

Nuevo sistema de cálculo para las pensiones:

Desde el 1 de enero de 2026 y hasta 2044 (incluido), el sistema de cálculo para las nuevas pensiones será dual: coexistirán el actual, calculado sobre lo cotizado en los últimos 25 años, pero desde 2041 subirá seis meses por año; y el nuevo modelo, que implica calcular los mejores 27 años cotizados de los últimos 29. La Seguridad Social elegirá cuál de los dos es más beneficioso para el nuevo pensionista.

A partir de 2044, año de implantación definitiva del nuevo sistema, ya no habrá posibilidad de elección y se utilizará para todos la fórmula de los 27 años con mayor cotización de los 29 últimos. Los meses no cotizados de esos 29 años se contabilizarán hasta 48 con la base mínima y el resto al 50% de esa base por regla general.

Suben las pensiones máximas. La norma argumenta que lo hace para ir en paralelo a la subida de las bases de cotización máximas, esto es, a que durante su vida laboral las rentas más altas tendrán que pagar más. Así, las pensiones causadas desde 2025 y hasta 2050 sumarán al aumento por IPC, si lo hay, un 0,115 anual. Las que hayan empezado hasta que acabe 2024, incluidas las vigentes a día de hoy, aumentarán solo con el IPC, como el resto. Pero después, desde 2051 hasta 2065, el decreto marca subidas extra de esas pensiones máximas, además del IPC, superiores, que irán ascendiendo progresivamente año a año del 3,2% inicial hasta un 20%.

También subirá la pensión mínima de jubilación para mayores de 65 años con cónyuge a cargo. El objetivo es que, con las revalorizaciones anuales del IPC, se alcance, al menos, el umbral de la pobreza para hogares con dos adultos (1,5 veces el unipersonal que marca el INE). Esa brecha se irá cerrado de forma progresiva durante 2024, 2025 y 2026 para alcanzar ese umbral de la pobreza en 2027. Lo mismo se hará con las pensiones mínimas de viudedad con cargas familiares.

También se establece que el complemento de brecha de género -que está vigente mientras las diferencias entre pensiones de hombres y mujeres superen el 5%- irá ligado al IPC y que se subirá, entre 2024 y 2025, además, un 10% extra.

Nuevo sistema para calcular la base máxima de cotización

Se establece cómo se calculará la base máxima de cotización, es decir, qué cantidad marca los impuestos máximos a pagar. Así, establece que se subirá cada año, como las pensiones, con el IPC, de forma automática. Además, de 2024 a 2050 a esas subidas del IPC se les sumará un 1,2% adicional. Así, quienes cobren más pagarán más impuestos. En cinco años se evaluará esta medida, promete el texto.

Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI)

Se ajusta el concepto original recogido en la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de esta cotización adicional como instrumento de estabilización financiera del sistema, incrementándose progresivamente del 0,6% al 1,2%.

Ahora mismo es de un 0,6% en total (0,5% para la empresa y 0,1% para la persona trabajadora), pero irá ascendiendo hasta alcanzar el 1,2% (1 para la empresa y 0,2 para el trabajador) en 2029. Se quedará en esa cifra, si nada cambia, hasta 2050.

Nuevo impuesto de solidaridad

 

Entrará en vigor el 1 de enero de 2025, y que gravará los salarios que excedan de esa base máxima. Esta medida será progresiva e irá subiendo. Así, los ingresos que superen la base máxima en hasta un 10% empezarán pagando, por las cantidades en esa franja, un 2,9% en 2025 hasta alcanzar el 5,5% en 2045, lo que significaría unos 20,6 euros máximos para la empresa y 4,1 para el trabajador. Los que la superen desde el 10 al 50% pagarán desde el 2,5% de 2024 hasta el 6% de 2045, progresivamente. Y los ingresos superiores en más de un 50% a la base máxima un 2,92 para empezar hasta alcanzar el 7%.

Brecha de género y precariedad laboral

La reforma también aborda el problema de:

Las carreras laborales con cotización irregulares marcadas por la inestabilidad y la precariedad laboral

Mujeres con amplios periodos de lagunas de cotización vinculadas al cuidado de los hijos

Trabajadores que se vieron más golpeados por la crisis económica y financiera de la pasada década

Con el fin de compensar el impacto de negativo de estas circunstancias, se revisa la regla relativa al periodo de cómputo para el cálculo de la pensión, ofreciendo una doble alternativa a lo largo de dos décadas.

Por una parte, se establece una nueva configuración de esta regla -que toma al final del régimen transitorio un periodo de veintinueve años- incorpora tres previsiones destacables:

Facultad de descartar las peores veinticuatro mensualidades de cotización

Mejora de la regla de integración de lagunas, vinculada a la consecución del objetivo de reducción de la brecha de género

Prevé la aplicación de la regla, hasta ahora vigente, de los últimos veinticinco años si la base reguladora de la pensión resultante es más beneficiosa para la persona que accede a la pensión

Por último, destaca la creación de un indicador objetivo de referencia para marcar la evolución futura de las cuantías de las diversas modalidades con complemento de mínimos a fin de preservar el objetivo de suficiencia y de reducción de la pobreza.

Los becarios también cotizarán a partir de 1 de octubre

A partir del 1 de octubre de 2023 quienes estén en prácticas regladas porque estudian una carrera universitaria o de formación profesional empezarán a cotizar como trabajadores por cuenta ajena, pero con muchas especificidades. No cotizarán por desempleo, FOGASA o formación profesional y tampoco aportarán al MEI. Las empresas que les contraten tendrán un 95% de deducción en las cotizaciones a contingencias comunes (un 97% en 2023), sean prácticas remuneradas o no.

En el caso de las prácticas no remuneradas, además, cada día de prácticas equivaldrá a 1,61 cotizados, sin superar nunca el número de días del mes. Y su cotización a contingencias comunes será de 2,36 euros al día y de 0,29 por enfermedades profesionales, con un máximo mensual de 60,1 en total, a lo que se restará la deducción anterior.

Quienes hayan hecho este tipo de prácticas en los dos años anteriores pueden pedir que se les aplique este sistema de forma retroactiva y que ese tiempo les cuente como cotizado.

Y otros cambios

 

Si hasta ahora el primer año de excedencia por cuidados contaba como cotizado a efectos de pensiones, ahora ese tiempo sube a tres años. Eso sí, no se tiene en cuenta como cotizado para calcular quién de una pareja tiene derecho a recibir el complemento de brecha de género.

La norma también retrasa la puesta en marcha del observatorio que debía marcar medidas para proteger a los autónomos en caso de actividad, que tenía que haberse puesto en marcha antes de acabar marzo y lo hará, como máximo, el 1 de julio. Y le añade una nueva misión: estudiar medidas para aminorar el efecto en las pensiones de los periodos no cotizados.

Además, amplía hasta los 26 años de la persona a cargo (estaba en 23) la edad hasta la que se puede cobrar prestación económica por cuidado de menores con enfermedad grave. Pero, eso sí, solo se ampliará esos tres años en caso de discapacidad igual o mayor del 65%. Si a alguien se le terminó al cumplir los 23 años, puede volver a pedirla.

¿Cuándo entran en vigor estas reformas?

El Real Decreto Ley entra en vigor, con carácter general, el 1 de abril de 2023, pero con las siguientes excepciones:La cotización finalista establecida en el nuevo art. 127 bis TRLGSS entrará en vigor el 18 de marzo de 2023, con efectos desde el 1 de enero de 2023.

La nueva redacción de los arts. 58.5, 59, 60, 82.4.b), 237. 2 y 3, 248.1.c) y disp. trans. 44ª TRLGSS entrarán en vigor el 18 de marzo de 2023.

La reforma de los arts. 169.1.b), 170, 174, 248.1.b), la disp. adic. 1.4 y disp. trans. 37ª TRLGSS entrarán en vigor el 17 de mayo de 2023.

El art. 50 bis TRLGSS entrará en vigor el 17 de junio de 2023.

Entrarán en vigor el 1 de octubre de 2023 el art. 247 y la nueva disp. adic. 52ª TRLGSS.

Entrarán en vigor el 1 de enero de 2024 los arts. 19.3 y 58.2 TRLGSS.

Entrarán en vigor el 1 de enero de 2025 los arts. 19 bis y 57 TRLGSS.

Entrarán en vigor el 1 de enero de 2026 los arts. 209.1, 248.2, 322 y disp. trans. 41ª TRLGSS.

“Cualquier intervención en el alquiler debería estar enfocada en asegurar más oferta y evitar prácticas abusivas”

 

 Roger Cooke, presidente de RICS Españaidealista/news

 

Autor Juanjo Bueno (Colaborador de idealista news)  24 Marzo 2023, 6:00

Presidente de RICS España, la organización internacional de acreditación del sector inmobiliario, Roger Cooke posee una amplia experiencia en real estate, desarrollando parte de su carrera en Cushman & Wakefield y, posteriormente, en Ernst & Young.

 En 2017, la reina Isabel II condecoró a Cooke con un MBE por sus servicios al comercio e inversión hispano-británica.

 En la actualidad, además de consejero independiente de Lar España, es miembro del Comité Ejecutivo del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) y asesor editorial de Observatorio Inmobiliario.

 Según el último informe de RICS-CGATE, que analiza los datos del último trimestre de 2022 y previsiones para 2023, los costes generales de la construcción se incrementarán un 7%, ¿cómo está afectando al sector esta escalada y dónde cree que estará el tope?

 Los costes de construcción han subido bastante por varias razones. En parte, por una falta de productos (el covid-19 afectó a la cadena de producción/materiales y también a la demanda) y, luego, por el coste de energía/inflación, que ha tenido su impacto en un momento de un gran aumento de la demanda postcovid.

 Esta tendencia ha supuesto un cierto estrés en la rentabilidad de proyectos, y a la vez ha provocado retrasos en la entrega de algunos de ellos. Sin embargo, parece que estamos en un momento en que la subida de costes se modera, e incluso en ciertos productos se nota una bajada de precios. Dado la gran necesidad de construir y reformar edificios, es una noticia muy positiva.

 ¿Los fondos Next Generation son el maná del sector de la edificación? ¿Cree que España está aprovechando convenientemente las ayudas procedentes de estos fondos para mejorar el parque edificado o falta concreción por parte de las distintas Comunidades Autónomas?

 No sé si ‘maná’ es la palabra correcta; nada es totalmente gratis. No obstante, no hay duda de que los fondos Next Generation son muy importantes para el sector, especialmente respecto a temas medioambientales. Creo que aún es pronto para valorar su éxito. Parece que hace falta una mejor definición de los detalles y el proceso administrativo de aprobar y recibir los fondos podría ser más ágil.

 La Taxonomía verde europea se ha convertido en una carta de principios para movilizar las inversiones sostenibles en la construcción, pero deja de lado la renovación de edificios, ¿es partidario de ello?

 El proyecto de Taxonomía de la UE es muy importante; primero, en establecer normas comunes de definiciones y mediciones de temas relacionados con sostenibilidad y, segundo, para incentivar inversiones sostenibles. Creo que es razonable que la UE vaya por pasos y esperamos que la renovación del parque de edificios existentes sea tratada muy pronto. Legislar para esto es más complejo. El reto es mejorar el enorme parque de edificios existentes en los plazos más cortos posibles.

 ¿Cree que los inmuebles que no cumplan con los criterios de sostenibilidad pueden quedar fuera del mercado de la venta y el alquiler?

 En un momento no muy lejano será muy difícil o incluso estará prohibido alquilar o vender una vivienda que no cumpla con ciertos criterios de sostenibilidad. Si las razones para que se dé esta situación está en las fuerzas del mercado o por la ley queda por ver. Ya inversores, inquilinos y financiadores tienen sus propios requisitos y está claro que la liquidez de edificios que no cumplen ciertos criterios de sostenibilidad está afectada. Yo diría que incluso estamos empezando a ver una diferenciación en precio dado que los compradores tienen que reflejar en el precio los costes de poner un edificio en un estado adecuado respecto a temas medioambientales. La tendencia será que habrá una aceleración en este aspecto.

¿Cómo se puede acabar con el “green-washing” que todavía existe en el sector inmobiliario?

 Una parte del llamado ‘green-washing’ resulta de la falta de estándares de definiciones y medición. También todos estamos aprendiendo aún. Creo que la Taxonomía europea ayudará mucho en este sentido, pero además existe cada vez más presión de inversores y usuarios para justificar las políticas y acciones en temas de sostenibilidad. Creo, o al menos espero, que cualquier ‘green-washing’ será muy pronto algo del pasado.

 omo experto inmobiliario internacional, desde el punto de vista de la política fiscal, ¿qué más se podría hacer en nuestro país para estimular la compra y alquiler de la vivienda?

 Lógicamente cualquiera ayuda fiscal para estimular actividad es bienvenida. No obstante, no veo que estimular el mercado libre de compra sea la prioridad. En principio existe un buen nivel de demanda y las ayudas fiscales podrían llevar a una situación en la que los compradores se apalancaran en niveles imprudentes y al final podría dar lugar a una repercusión directa en precios de venta.

 Sí considero que es más urgente estimular el alquiler, tanto en el mercado libre como en vivienda protegida/asequible. Sin embargo, creo que lo más importante es un paquete de medidas para atacar la raíz del problema, esto es, la necesidad de crear más oferta de vivienda en alquiler. Estas acciones podrían incluir temas urbanísticos, financieros, fiscales y asegurar un marco jurídico seguro y estable. Las soluciones y políticas tienen que ser coherentes con las causas del problema.

 La ley de la oferta y la demanda es el principio básico sobre el que se basa el mercado arrendaticio. ¿Es necesario intervenirlo?

 La intervención tiene varias formas. En mi opinión cualquier intervención debería estar enfocada en asegurar más oferta y en evitar prácticas abusivas en el mercado. En cualquiera intervención hay que entender que el capital suele ser internacional, por lo que necesitamos un entorno competitivo para asegurar un flujo de capital adecuado.

 Recientemente Portugal ha anunciado prohibir los nuevos pisos turísticos, eliminar los “Golden visa” y forzar el alquiler de viviendas vacías y un techo máximo de los precios, ¿España se podría contagiar de ello?

 Ya hemos tenido un debate sobre estos temas en España, y son situaciones distintas. Los pisos turísticos han sido un tema muy discutido y afectan no solamente a la oferta de vivienda sino también al sector hotelero. Forzar el alquiler de viviendas vacías me parece muy lógico, pero hay que decidir la mejor manera para conseguirlo ¡palo o zanahoria! Controlar los precios en el mercado libre tiene sus peligros y puede ser contraproducente; la evidencia es que no siempre produce el resultado deseado. Una comparación con otros países necesita un comparativo de la situación y de qué factores están produciendo una escalada en los precios. Desde mi visión debería ser la excepción y no la norma.

 ¿Hacia dónde cree que tenderá el sector este 2023? ¿Nos podemos olvidar del fantasma de otra burbuja inmobiliaria o es pronto para preverlo?

 Para mí lo más importante, tanto para la economía como para la sociedad, es tener un sector inmobiliario en buen estado de salud y responsable en sus actuaciones. Muchas veces la aportación del sector y su profesionalidad son infravaloradas. No veo una burbuja en el horizonte; lo que sí veo son muchos retos en cuanto a la construcción de nuevos bloques para satisfacer las necesidades de la sociedad y la modernización del parque de edificios existentes.

 ¿Cómo cree que influirán la inflación y los tipos de interés en el mercado inmobiliario en los próximos meses?

  existe ninguna duda de que estos dos factores han tenido un impacto importante en el último año. En los próximos meses creo que su impacto será menor, aunque no necesariamente en una línea directa. El tipo de inflación ya ha mostrado señales de una bajada sostenible y las previsiones son de que los tipos de interés empezarán a bajar durante los próximos 12 meses. Se suele decir que inflación beneficia al sector inmobiliario- pero solamente a la parte propietaria- y lo que sí es cierto es que los tipos de interés más altos perjudican tanto al propietario como al ocupante.

 Juanjo Bueno actualmente es dircom de CAFMadrid y colaborador en medios de comunicación especializados en el sector inmobiliario. En esta sección aportará su visión sobre el funcionamiento de las comunidades de vecinos, verdaderos microcosmos de la sociedad.

El consumo de carne y pescado se hunde casi un 15% por la fuerte subida de los precios

 

Entre Noviembre/2021 y Octubre/2022

El viaje a ninguna parte de la política acerca a la economía española a un punto de no retorno

 Autor: Miguel Córdoba 14 Octubre 2022, 16:02

Hace 36 años, el siempre genial Fernando Fernán Gómez estrenó una de sus mejores películas, en la que una pequeña compañía de cómicos de la legua de la posguerra española trataba de sobrevivir en un entorno hostil a las vicisitudes de su difícil profesión. La película, narrada desde la perspectiva de ese gran actor que ha sido, es y será, José Sacristán, pone el énfasis entre la diferencia entre lo que realmente ocurre y lo que nos hubiera gustado que ocurriera, mezclándose deseos e imágenes inventadas o distorsionadas de lo que fue nuestro pasado.

No sabemos lo que pensará Pedro Sánchez dentro de 30 años sobre su pasado como presidente del Gobierno y su “legado”, ni lo que se escribirá de él en Wikipedia; ni siquiera de lo que él pensará de Wikipedia cuando lea lo que se opina de él, asumiendo que esta publicación digital es uno de sus principales medios de información. Lo que sí sabemos es lo que este hombre, junto con un equipo no precisamente en el cénit de la competencia profesional, está haciendo con nuestro país: llevarlo a ninguna parte.

Asistimos a debates intrascendentes en los que los políticos se pegan por ver quién ingenia más subsidios para los españoles más vulnerables, o lo que es lo mismo, para “exhortarles” a que les den su voto en las próximas elecciones de mayo, y mientras, el país se sumerge en un agujero negro del que va a ser muy difícil salir sin que una nave de “Star Trek”, versión “hombres de negro”, se atreva a rescatarnos. Nadie piensa siquiera en el medio plazo; todo es cortoplacismo, agarrarse al sillón, contarse historias y, lo que es peor, creérselas, viendo la realidad desenfocada en la que vivía el personaje de la película que da nombre a este artículo.

Vamos a vivir unos meses de extrema tensión tanto en lo económico como en lo político y en lo militar, aunque en este último caso sea un daño colateral. Mientras, los dos principales partidos políticos siguen como siempre, a la gresca, sin la más mínima aproximación en sus rígidas posturas y haciendo que España se aproxime más que nunca a ese punto de no retorno del que no podrá salir por sus propios medios. Parece increíble que se hable de en qué va a gastar el Gobierno el exceso de recaudación provocado por la inflación, cuando tenemos un océano de deuda que amortizar y un déficit público que este año puede que ronde los 70.000 millones de euros.

Los españoles de a pie estamos soportando un ambiente de incompetencia y mediocridad en el terreno político como no habíamos tenido desde la posguerra. No voy a recurrir a la manida expresión de que se mete a político el que no vale para otra cosa, pero creo que, aunque no me hagan caso, por lo menos nuestros actuales próceres deberían reflexionar sobre la necesidad de establecer un marco de diálogo que trate de evitar lo que, al menos para mí, parece irremediable en relación con la potencial quiebra económica de nuestro erario.

Es necesario que se establezca un techo de gasto compatible con los ingresos previstos, y no gastar todo lo que te exijan tus compañeros de coalición, emitiendo deuda pública para seguir contando con sus votos. No se puede realizar una especie de rebelión fiscal desde las Comunidades Autónomas para comprar el voto de los ciudadanos con rebajas fiscales y subsidios que no salen de otro sitio que de la emisión de deuda pública.

No se puede estar criticando por sistema al Gobierno por cualquier decisión que toma, porque luego resulta que, como ha ocurrido con el tema de los márgenes extraordinarios de las compañías energéticas, Bruselas te da un revolcón. Y, finalmente, no se puede estar debatiendo entre Gobierno y oposición, y de forma sistemática, delante de los micrófonos de los periodistas, porque para algo, digo yo, tenemos el Congreso de los Diputados.

No es de extrañar que estén poniéndose de moda partidos extremistas y populistas, habida cuenta del hartazgo de los ciudadanos de ese viaje a ninguna parte al que nos están llevando los políticos “clásicos”. Los ciudadanos buscan soluciones e intentan aferrarse a cualquier discurso que les genere una mínima oportunidad de cambio. Y no es que me parezca mal que gane las elecciones italianas Giorgia Meloni. Siempre he pensado que a todo el mundo hay que darle una oportunidad, al menos, durante esos 100 días de cortesía; el problema es que el modelo de convivencia europeo está basado en un esquema de democracias liberales representativas que asumen la economía mixta de mercado como referencia, y no está nada claro que personas como Salvini o Berlusconi sean representativas de ese modelo. Lo mismo puede pasar en España con Vox o con Podemos.

Ser demócrata no es fácil; lo tienes que ser siempre, incluso cuando tienes en frente a personas totalitarias; pero éstas, como no tienen por qué ser demócratas, pueden jugar la partida con cartas marcadas y, al final, ganarte y llevarte a ese viaje a ninguna parte que no queremos, pero que tristemente nos podemos ver abocados a recorrer.

En fin, mientras que algunos españoles tienen que dilucidar si una solución para llegar a fin de mes podía ser darle la vuelta a la ropa interior para hacerse la ilusión de que se la ponen limpia, reduciendo así la factura eléctrica, o piensan sesudamente qué artículos de la lista de la compra tienen que eliminar cuando vayan luego al supermercado, seguro que hay un buen número de políticos que lo que están estudiando es cómo recolocarse el año que viene ante el cambio de ciclo político, habida cuenta de sus exiguos currículos, ya sean inventados o no.

Eso no les pasará a los 500.000 nuevos empleados públicos netos (2,9 a 3,4 millones) que han pasado a engrosar la lista de gasto público vitalicio en los últimos cinco años, o a los que han ingresado a dedo en las más de 5.000 empresas públicas que escapan a la Intervención General del Estado, o al enriquecimiento de muchos miles que han creado empresas ad hoc para lucrarse del déficit público que se ha generado por el aumento sin control de gasto público en los últimos tres años (más de 250.000 millones de euros).

Siento ser pesimista, pero creo que cada vez más se nos está poniendo cara de griegos.

Miguel Córdoba es profesor de economía y finanzas desde hace 33 años y ha sido director financiero de varias empresas del sector privado.

Todos los impuestos que se pagan por una vivienda y suben el precio final hasta un 20% (¿Seguro?, si se hacen cuentas sumando ayuntamiento, promotor y comprador, ¡¡¡es mucho más!!!)

 

 

 Visto en Idealista 09/07/2022.  Informe a efectos de recordar cual es el valor real de la construcción de una vivienda y los impuestos que soporta. Información UTIL que identifica a quienes ocasionan la escasez y dificultad de acceso a la vivienda en propiedad.

Todos los impuestos que se pagan por una vivienda y suben el precio final hasta un 20%

La vivienda está sometida a un sinfín de impuestos que afectan desde el desarrollo del suelo y su construcción hasta su compra y mantenimiento y posterior traspaso, ya sea a través de una venta, una herencia o una donación. Entre las figuras tributarias más destacadas se encuentran el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, la licencia de primera ocupación, el ITP, el AJD, el IBI, la tasa de basuras, el Impuesto de Patrimonio, la plusvalía municipal…

La consultora Colliers repasa en un estudio todas las cargas impositivas que afectan a los inmuebles y que suponen, en última instancia, un encarecimiento del precio final que ronda el 20%. “Esto supone, básicamente, que el comprador de una vivienda de 100 m2 podría permitirse, en un escenario sin cargas, adquirir una vivienda de 120 m2”, afirma la compañía.

Y añade que si, "se eliminaran los gastos e impuestos asociados a la compra y el incremento en coste para el promotor derivado de impuestos y cargas soportados durante el proceso de desarrollo de suelo y promoción, el español medio podría tardar entre 5 y 10 años menos en disponer del ahorro necesario para afrontar la compra de una vivienda de 250.000 euros".

Repasamos todas las figuras que penalizan a la vivienda y que llevan a Colliers a preguntarse si el esquema actual es el planteamiento correcto, sobre todo teniendo en cuenta las limitaciones en los salarios en España y la dificultad que tienen muchos ciudadanos para acceder a una vivienda en propiedad:

Cargas impositivas del suelo finalista

La consultora afirma en el estudio que “el valor de cualquier suelo finalista está ya penalizado en origen por dos factores relativos al proceso de urbanización orientado a convertir suelo bruto en parcelas listas para construir: el sobrecoste de urbanización y la cesión obligatoria al ayuntamiento”.

• ·         Sobrecoste de urbanización. Es el que asumen los usos teóricamente más lucrativos, como el residencial libre, en favor de los considerados menos lucrativos. La asignación de costes de urbanización se realiza de acuerdo con las unidades de aprovechamiento (UAs) correspondientes a cada uso, y no en función de la edificabilidad que finalmente se les asigna. Así, debido a los coeficientes de conversión de UAs a edificabilidad preestablecidos en los Planes Generales, hay determinados usos que obtienen proporcionalmente más edificabilidad que el uso residencial libre, y pagan por tanto menos cuota de urbanización en el desarrollo de los ámbitos.
• ·         Cesión obligatoria. El ayuntamiento de turno recibe el 10% del aprovechamiento del ámbito, lo que implica una pérdida de edificabilidad de los propietarios privados que se traslada a un coste incrementado del suelo restante una vez realizada la cesión.

Impuestos en la construcción de una vivienda

Una vez la parcela es finalista y apta para el desarrollo de un proyecto inmobiliario, se inicia el proceso de promoción, que lleva asociada una serie de tasas e impuestos. Estos son los más destacados que son asumidos por el promotor:

• ·         Tasa de solicitud de licencia de obras.
• ·         Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).
• ·         Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD) asociado a la compra del suelo, la escritura de declaración de obra nueva, la división horizontal y la financiación.
• ·         Licencia de primera ocupación.

Impuestos en la compra de una vivienda

En el momento en el que las viviendas ya están terminadas y se produce la venta al cliente final, se pagan más impuestos:

• ·        Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) sobre el precio de venta de la vivienda nueva. Actualmente es un 10% y lo paga el comprador.
• ·         Actos Jurídicos Documentados (AJD) que paga el comprador. Depende de las CCAA, y está entre el 0,5% y el 1,5%.
• ·         Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocida como plusvalía municipal, que grava el incremento de valor del suelo y que abona el promotor.

Impuestos en el mantenimiento de una vivienda

Al margen de los impuestos y cargas asociados al proceso de promoción y venta, la vivienda también está sujeta a varios gravámenes durante toda su vida útil. Según Colliers, estos tributos permiten a las Administraciones Públicas percibir unos ingresos recurrentes con carácter periódico, pero suponen una fuente de gastos para los ciudadanos, "al no finalizar con la transmisión de la unidad de obra nueva, y acompañarla durante toda su vida útil y en sus sucesivos cambios de titularidad".

Los impuestos que se pagan en este caso son:

• ·         Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), que depende del ayuntamiento.
• ·         Tasa de vados, que se aplica sobre los garajes.
• ·         Tasa de basuras y agua, que depende del ayuntamiento.
• ·         IRPF. Aunque la vivienda habitual está exenta, sí que tributan las segundas residencias. En concreto, un 2% del valor catastral anual, que se aplica sobre la base imponible general del contribuyente.
• ·         Impuesto sobre el Patrimonio, que grava la riqueza y deben presentar con carácter general quienes tengan un patrimonio de más de 700.000 euros, excluyendo la vivienda habitual.

Impuestos en la venta de una vivienda

• ·         Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), que depende de la CCAA y está actualmente entre el 4% y el 10%, y lo abona habitualmente el comprador.
• ·         Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, más conocida como plusvalía municipal, que grava el incremento de valor del suelo y que el vendedor paga si ha obtenido ganancias en el traspaso.
• ·         IRPF. En la renta tributa la ganancia patrimonial que ha obtenido el contribuyente con la venta de una vivienda. En concreto, tributará por la diferencia entre el valor de venta (precio de venta menos gastos asociados a la venta) y el valor de adquisición (precio de adquisición más los gastos asociados a la venta). Estos rendimientos van a la base del ahorro y tributan del 19% al 26%. Hay excepciones: por ejemplo, si se vende la vivienda habitual y se reinvierte el importe obtenido en la compra de otra casa. Los mayores de 65 años también están exentos de tributar si lo que han vendido es la vivienda habitual. Si se trata de otro inmueble, la bonificación fiscal del 100% solo se aplicará si el mayor de 65 años reinvierte la ganancia obtenida en una renta vitalicia.
• ·         Impuesto de Sucesiones y Donaciones si el cambio de titularidad de la vivienda se debe a una donación o una herencia, en vez de a una venta tradicional. Quien recibe en donación o herencia una vivienda, también debe pagar la plusvalía municipal. 

A esto habría que añadirles los impuestos por la formalización de hipoteca, escritura de compraventa ante notario/a, inscripción de la propiedad en el registro de la propiedad....

Y si te la "okupan".... sin comentarios.... para mayor información en estos casos asomarse a cualquier informativo.... la impotencia es total

El drama de la okupación: la vivienda pierde un 30% del valor en un año

Idealista Redacción 28 junio 2022, 12:20

El fenómeno de la okupación es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Interior revelaba 13.389 denuncias en los nueve primeros meses del 2021, lo que supone un 20% más que durante el año anterior. Si se compara con las cifras conocidas hace cinco años, el crecimiento de la okupación es del 40%.

Actualmente se calcula que existen en nuestro país más de 120.000 vivienda okupadas,

 “principalmente en Cataluña, con más del 40% de las denuncias, una cifra que es casi cuatro veces superior a las cifras de Madrid y tres veces más que en Andalucía, y por encima de la Comunidad Valenciana, Castilla La Mancha o Murcia, donde tampoco se libran de este fenómeno”, afirma Jesús Duque, vicepresidente de Alfa Inmobiliaria,  con 112 agencias franquiciadas en España, y 113 oficinas más a nivel internacional (México, República Dominicana, Bolivia y Francia).

Una de las características de estas viviendas, en opinión de Duque, es que muchas de ellas provienen de herencias. “Al estar mucho tiempo vacías estas propiedades se quedan más desprotegidas y son presa fácil”, afirma. 

Múltiples perjuicios para el propietario

Los perjuicios para el propietario son múltiples. “Dejando de lado los problemas emocionales a los que lleva esta situación, una vivienda okupada tarda, de media, entre 3 y seis meses en ser recuperada por su propietario, en el mejor de los casos. (Y que puede prolongarse hasta 3 años, a dicha sinrazón habrá que añadir el asumir los costes por la defensa jurídica (abogado, procurador, tasas, etc), los gastos de suministros de agua, luz y gas, y los impuestos como el de bienes inmuebles (IBI), y una desvalorización del valor de la vivienda y en la mayoría de los casos una importante derrama de dinero para restaurar los daños ocasionados por los okupas a la propiedad). A ello tendremos que sumar los gastos de abogados, la cuantiosas reparaciones que el propietario debe abordar tras el desahucio, y, en el mejor de los casos, el pago de grandes cantidades a los responsables de la okupación para ahorrarles este calvario y recuperar su vivienda en menos tiempo”, añade Duque.

Por este motivo, la red Alfa Inmobiliaria ha realizado un estudio interno que cifra en un 30% el descuento que los propietarios están dispuestos a hacer a la hora de vender una vivienda okupada, y deshacerse del problema. 

Aún así, no es fácil vender una vivienda okupada. Algunos de los motivos son evidentes: el propietario no tendrá fotos de los posibles desperfectos que tendrá la misma una vez que sea posible recuperarla, tampoco conoce el tiempo que llevará el proceso de desahucio, que suele demorarse meses a pesar del llamado “desahucio express”, ni los costes que tanto el proceso judicial como la reforma van a suponer.

Pero además, el nuevo propietario tendrá que abordar diversos gastos desde el mismo momento de su adquisición, y a pesar de no tener derecho a su disfrute como son el ITP (Impuesto de Transmisiones Patrimoniales), “si bien existe un cierto dilema para el comprador dado que su precio de compra en estos casos es claramente más bajo que el precio de mercado, que marca el impuesto a pagar”, añade Duque.

Todos estos motivos están provocando también que, el tiempo medio para vender una vivienda de estas características, ronde los 10 meses, muy por encima del plazo medio de venta de una vivienda en cualquier ciudad de España, si bien Alfa Inmobiliaria ya comienza a ver empresas especializadas interesadas en adquirir este tipo de propiedades.

PDeCAT registra una ley para desalojar okupas en 48 horas y dar competencias a vecinos y ayuntamientos

El PDeCAT ha registrado una proposición de ley en el Congreso con nuevos instrumentos para poder atajar el fenómeno de las ocupaciones ilegales con el objetivo de que los 'okupas' puedan ser desalojados en 48 horas, que la comunidad de propietarios pueda denunciarlos por la vía civil y que se dote de competencias a los ayuntamientos para tomar medidas.

Quien se lea esa proposición entenderá la diferencia de un titular de prensa y la cruda realidad, así como "como marear la perdiz y no hacer nada".

PD: Y es el propietario el que debe asumir los perjuicios de la ocupación y gastos de la defensa de sus intereses ante la administración pues el estado y/o administración competente hacen dejación de su obligación constitucional de la defensa de la propiedad privada de sus ciudadanos, e impide el uso de la fuerza propia o de terceros para recuperar su propiedad.

En azul mis aportaciones al articulo.

El gasto en pensiones bate récord en junio al alcanzar 10.832,2 millones

La cifra ha crecido un 4,7% interanual, y se suma a la paga extraordinaria

28 junio 2022

La Seguridad Social destinó en el presente mes de junio la cifra récord de 10.832,2 millones de euros al pago de pensiones contributivas, un 4,7% más que en el mismo mes de 2021, según los datos el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

El Departamento que dirige José Luis Escrivá estima que el gasto en pensiones se situó en el 11,8% del PIB en el sexto mes del año, porcentaje inferior al de 2020 (12,4% del PIB), año condicionado por el impacto de la pandemia sobre el PIB, y también más bajo que el de 2021 (12,1% del PIB).

Junto con la nómina ordinaria, en junio se abona la extraordinaria, cuyo importe asciende a 10.536,1 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,6% (5% en términos homogéneos) respecto a 2021.

En concreto, la paga extraordinaria la reciben 9,9 millones de pensiones que perciben cerca de nueve millones de pensionistas (8.999.581). Su cuantía media es de 1.062,43 euros, un 5,8% más que en junio de 2021.

La pensión media sube un 5,5% interanual

La pensión media del sistema asciende en junio a 1.090,2 euros mensuales. Esta cuantía, que comprende las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares), ha aumentado en el último año un 5,5%.  

La pensión media de jubilación del sistema, por su parte, se sitúa en 1.254,7 euros. Por regímenes, la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.403,9 euros al mes, mientras que la más baja la registra el Régimen de Autónomos, de 835 euros/mes. En la Minería del Carbón, la media de jubilación mensual se sitúa en 2.445,5 euros y es de 1.392,2 euros en el Régimen del Mar.  

La cuantía media de las nuevas altas de jubilación en el sistema ascendió en el mes de mayo de 2022 a 1.376,2 euros mensuales. Por su parte, la pensión media de viudedad en vigor en junio es de 778,7 euros al mes. 

El TJUE falla contra España por obstruir las compensaciones patrimoniales a los contribuyentes

 

Economía. SENTENCIA.

Pablo Sempere Cinco Dias. Madrid  28 JUN 2022 - 09:17 CEST

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha fallado este martes contra España por obstruir y entorpecer los procesos de reclamación patrimonial iniciados por los contribuyentes contra el Estado. En concreto, el tribunal con sede en Luxemburgo ha tumbado parte de la Ley 39/2015 y de la Ley 40/2015 de la normativa española sobre responsabilidad patrimonial, que hacía prácticamente imposible o excesivamente arduo el resarcimiento de los contribuyentes que se enfrentaban a uno de estos procesos de reparación.

Las normativas en cuestión fueron redactadas en el año 2015 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. En opinión de varios expertos consultados, el objetivo del texto no era otro que impedir mediante una amalgama de condicionantes y disposiciones que el Estado tuviese que abonar a los ciudadanos y empresas afectados por unos impuestos ilícitos cantidades ingentes de dinero.

Tal y como explica Isaac Ibáñez García, el abogado fiscalista que elevó el asunto a la Comisión Europea en 2015, la ley española que ahora tumba Luxemburgo exige que, para poder reclamar, exista una sentencia del TJUE que declare incompatible con el Derecho comuniario la norma nacional en cuestión. También, que el reclamante haya recurrido y haya obtenido una sentencia desestimatoria firme. El TJUE también anula la restricción de las reclamaciones a solo un año desde la publicación de la sentencia y tumba la caducidad de cinco años desde que se produce el hecho causante del daño. Entiende, por lo tanto, "que los particulares perjudicados tienen derecho a ser resarcidos".

Con su fallo, el TJUE sostiene que los requisitos establecidos por la legislación española en materia de indemnización de daños están articulados de manera que, en la práctica, "es prácticamente imposible obtener la indemnización patrimonial", añade Ibáñez García. "Es lo que se entiende como principio de efectividad". Sin embargo, Luxemburgo no falla contra España por el principio de equivalencia, que establece que los requisitos establecidos por la normativa nacional "no pueden ser menos favorables que los que se aplican a reclamaciones semejantes de naturaleza interna", apunta la sentencia.

La decisión del tribunal de Luxemburgo, explica Alejandro del Campo, abogado y socio de DMS Consulting, es "demoledora" y abre la puerta a que las indemnizaciones por pagos que se produjeron hace más de cinco años "puedan volver a reclamarse". En este punto, el abogado, que llevó a la UE las multas fiscales por bienes en el extranjero (el conocido modelo 720 que tumbó también el TJUE en enero), celebra un fallo que previsiblemente permitirá iniciar procesos de nuevas compensaciones. Estima el impacto en varios millones de euros.

Varios años

El blindaje que ha tumbado este martes el TJUE parte del año 2014, cuando España recibió dos condenas en materia tributaria desde Luxemburgo por determinadas figuras impositivas y sus diseños a la hora de aplicarlas. A un lado se encontraba el conocido como céntimo sanitario, o Impuesto sobre las Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos. Al otro, la discriminación a los no residentes que tenían que abonar el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y que no podían beneficiarse de las bonificaciones fijadas por cada comunidad autónoma. Estos dos apartados fueron declarados contrarios al derecho europeo.

 

Tras ese primer fallo del TJUE, explica Del Campo, aquellas personas que habían pagado esos impuestos indebidos en los últimos cuatro años pudieron empezar a reclamarlos. Sin embargo, los que se habían abonado hace más de cuatro ejercicios, además de los que no habían sido impugnados en el plazo de un mes después de que Hacienda los hubiese liquidado, quedaron prescritos. Es ahí cuando se inicia el procedimiento de responsabilidad patrimonial del Estado con la idea de que, "aunque no te pueda pedir lo abonado, sí te puedo reclamar una responsabilidad patrimonial, es decir, lo pagado indebidamente y sus intereses". El resultado es que España tuvo que devolver mucho dinero e indemnizar a los particulares afectados.

Con esta avalancha de procedimientos de responsabilidad patrimonial, detalla Del Campo, el ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro "convirtió la responsabilidad patrimonial en una carrera de obstáculos, con requisitos y condicionantes fijados para que el Estado pudiese escurrir el bulto".

Algunos de estos requisitos, ilustra Del Campo, establecían que para que los particulares pudiesen reclamar responsabilidad por los daños derivados de una ley debía existir una sentencia del TJUE que declarase que esta era contraria al Derecho de la Unión. Otros requisitos eran que únicamente eran indemnizables los daños producidos en el plazo de los cinco años previos a la fecha de la publicación de la normativa en el boletín comunitario, o que solo se disponía de un año desde la publicación de la sentencia para poder recurrir. "Con todos estos condicionantes mucha gente se quedaba por el camino".

Con el fallo conocido este martes, el Tribunal de Justicia declara que España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud del principio de efectividad al adoptar todas estas disposiciones. Así, el TJUE recalca que no es legal el requisito de que, para obtener una compensación patrimonial, deba existir una sentencia del Tribunal de Justicia que haya declarado el carácter contrario al Derecho de la Unión de la norma con rango de ley aplicada. También carga contra el requisito de que el particular perjudicado haya obtenido, en cualquier instancia, una sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño.

En paralelo, el TJUE niega que haya un plazo de prescripción de un año para actuar desde la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea de la sentencia en cuestión. También rechaza que solo sean "indemnizables" los daños producidos en los cinco años anteriores a la fecha de dicha publicación, "salvo que la sentencia disponga otra cosa".

 

 ¿Y ahora que?, ¿procederán de oficio?... imagino que imperará el silencio... de los ladrones.

culparan a los anteriores, cuando también han sido beneficiarios, etc....que transcurra el tiempo que otros lo arreglaran.... o no.